Aunque en Cuba existen marcos normativos que otorgan derechos y protecciones para la mujer cubana, estos son limitadas y no abarcan protecciones integrales para las distintas realidades de la mujer, tal y como lo señala el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas en su último informe sobre Cuba, en el que se específica que los datos disponibles demuestran claramente que las mujeres sufren desproporcionadamente la marginación y la angustia económica en comparación con sus homólogos masculinos. Las mujeres afrodescendientes y las mujeres cis-lesbianas y trans son particularmente vulnerables a las violaciones de sus derechos económicos y sociales.   

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En su revisión más reciente de Cuba, el Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) expresó su preocupación por los informes de mujeres afrocubanas que enfrentan mayores barreras para acceder al mercado laboral. Las mujeres cis-lesbianas y trans también sufren discriminación cuando buscan trabajo. A pesar de la reforma del Código de Trabajo de 2014 que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, en la práctica la discriminación basada en los estereotipos de rol de género todavía ocurre. Además, la reforma no incluyó la identidad de género como una característica protegida, dejando a las mujeres trans aún más vulnerables.

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Por su parte, la falta de una ley de protección que garantice y proteja los derechos de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia pone en mayor estado de vulnerabilidad a las mujeres, pues no existen mecanismos definidos que tipifique feminicidios, como tampoco existen protocolos para la atención urgente de las mujeres que están siendo víctimas de maltrato intrafamiliar; razón por la cual las autoridades se limitan a ignorar los casos por considerarlos “asuntos maritales”.

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Pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil independiente de mujeres en Cuba, la Asamblea Nacional no tomó en cuenta la propuesta presentada para establecer la Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba. Propuso, en cambio, modificar leyes existentes para incluir protecciones para las víctimas de violencia. Sin embargo, esta no es una respuesta adecuada ante la problemática que viven las mujeres en Cuba, lo cual evidencia la falta de voluntad del gobierno.

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772 casos de detenciones arbitrarias de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas independientes fueron reportados en los últimos 6 meses

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La situación de represión, hostigamiento y violación a los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, filiación política, libre asociación, opinión y prensa ha sido una constante por parte del Estado Cubano, quien utiliza su Código Penal vagamente definido para imputar cargos por “desacato”, “resistencia, “atentando” “desorden público” entre otros, a líderes y lideresas sociales opositores al régimen político que impera en el país.

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Según la organización por los derechos de las mujeres Plataforma Femenina, “Diariamente, muchas mujeres involucradas en el activismo son víctimas de violaciones como: detenciones arbitrarias, violencia física, amenazas y difamación, entre otras”. El Estado utiliza la detención arbitraria en contra de mujeres activistas para obstaculizar su ejercicio del derecho a la participación política, a la libre asociación y reunión pacífica y a la libre expresión. La vulnerabilidad generada por estas detenciones tiene como objetivo disuadir a las mujeres del trabajo de derechos humanos.

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En los últimos seis meses (agosto 2019 – enero 2020), se han registrado 772 detenciones arbitrarias de mujeres. Durante el año 2019, hubo en total 1.531 detenciones arbitraria de mujeres, registradas en 14 de los 15 provincias de Cuba.

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La mayoría de las mujeres detenidas son afiliadas a las Damas de Blanco o a la Unión Patriótica de Cuba-UNPACU. Sin embargo, son víctimas de detenciones arbitrarias mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes, artistas, lideresas religiosas, entre otras.

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Durante las detenciones, las activistas son sometidas a tratos crueles. Según información documentada por las Damas de Blanco, después de ser detenidos las defensoras y defensores, son conducidas en autos patrulleros a diferentes unidades de la Policía Nacional Revolucionaria. En los autos patrulleros las obligan a colocarse en posición incómoda, en algunos casos  oficiales de la Seguridad del Estado, hombres o mujeres se le sientan o colocan sus pies encima de ellos sentados en el asiento trasero, los obligan a doblarse y le colocan la cabeza entre las piernas para impedirles ver el trayecto por donde las conducen, mientras oficiales de la Seguridad del Estado presionan fuertemente sus codos contra la espalda.

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Al menos 6 mujeres son prisioneras políticas del Estado Cubano

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Si bien la represión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros activistas políticos es común en Cuba, su impacto particular en las mujeres no se discute con frecuencia. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2019 hubo 3.157 detenciones arbitrarias, de las cuales 1.531 fueron de mujeres. Actualmente, hay al menos 6 presas políticas en Cuba, según la información recopilada por el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

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La mayoría de las mujeres presas políticas han sido condenadas por un delito después de participar en una protesta o expresar sus opiniones contra el gobierno. Cuatro de las 6 mujeres tienen una condena por desacato, que ocurre cuando un individuo amenaza, insulta o de alguna manera ofende a un funcionario público.  Esta es una de las figuras más usadas por representantes del Estado para criminalizar una amplia gama de actos, como participar en protestas, criticar al estado funcionarios y preguntando por qué un amigo estaba detenido.

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Las seis presas políticas y otras personas detenidas por períodos más cortos están sujetas a condiciones deplorables. Según entrevistas a activistas o familiares de activistas, en las prisiones, las mujeres son sujetas a tratamiento diferencial por su condición de opositoras y sus derechos como presas son frecuentemente violados. Ellas sufren de falta de tratamiento médico adecuado, son víctimas de intimidación por parte de agentes del Estado que buscan que ellas renuncien a su activismo. Y, señala la organización femenina Plataforma Femenina que muchas veces son sujetas a perder sus llamadas telefónicas a familiares y hasta pueden ser llevadas a celdas de castigo si continúan hablando de su activismo, o en contra del gobierno.

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